Autora: Wilma Arellano
Por disposición oficial y con reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en México se hizo obligatorio registrar los datos de los usuarios de teléfonos celulares, para crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el supuesto fin de combatir el crimen. Definitivamente dicha base de datos carece de un sentido lógico para la persecución del delito, ya que no se ha explicado la forma en que será viable cumplir con ese objetivo. Más aún, parece prestarse a todo lo contrario.
Sin embargo, lo que nos parece aún más delicado es el tema del control de esa base de datos. No se tiene la seguridad de quiénes asumirán el control de la información personal de más de 80 millones de líneas celulares en el país. La información que contendrá es el nombre completo del usuario, su fecha de nacimiento y su número de cédula única de registro poblacional (CURP) cuyo número contiene por sí una cantidad de datos similar a la de un DNI español.
Se ha hablado recientemente de que las bases de datos de empresas privadas y del propio Instituto Federal Electoral (que contienen incluso la huella digital, fotografía, firma y domicilio del ciudadano, entre otros) son vendidas en el mercado negro mexicano. ¿A qué nos vamos a exponer con una base de datos como la de los celulares que podrá correr la misma suerte?
Se discute en el Congreso una Ley de protección de datos en posesión de particulares, pero la misma ha sido pospuesta en muchas ocasiones y posiblemente no vea la luz en breve tiempo. Y aún más, esa ley, sin el adecuado reglamento de medidas de seguridad, como el que existe en España, puede estar condenada al fracaso o, cuando menos, a una aplicación exigua.
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