Proteger a los denunciantes de la corrupción de las represalias personales y laborales






Casos como la filtración de los papeles de Panamá o el reciente escándalo de Cambrigde Analítica sobre el presunto uso de datos de la red social Facebook para influir en los electores durante la campaña electoral de norteamericana ponen sobre la mesa la vulnerabilidad de los denunciantes de fraudes y corrupción.

Desde hoy las cosas van a cambiar ya que la Comisión Europea ha dado luz verde a la propuesta de una directiva para salvaguardar  a los denunciantes que informen sobre corrupción, fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea.

Pero la cosa no queda ahí ya que no sólo se protegerá al denunciante sino que fomentará los “chivatazos” gracias a la puesta en marcha de canales de comunicación y transparencia de este tipo de escándalos en empresas que superen los 50 empleados, entidades que facturen más de diez millones de euros y administraciones locales y regionales que cubran a más de 10.000 ciudadanos.

El presidente de Transparencia Internacional de España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid,  Jesús Lizcano, ha calificado esta nueva directiva en el programa de Radio Nacional de España “Cinco Continentes” como “un paso muy importante positivo” para la sociedad civil en su conjunto en aras de establecer “un cauce para los denunciantes de fraudes que no les impida denunciar estos casos”.

En ese sentido ha asegurado que en muchos casos los denunciantes han sufrido represalias laborales, personales y profesionales por denunciar estas situaciones y ha agregado que “es un deber moral de los ciudadanos denunciar algo que está mal porque eso sirve para sancionar al que lo ha hecho mal y para disuadir a potenciales corruptos”.

La directiva prestará asistencia financiera a los alertadores, les asistirá al tiempo que evitará que las compañías tomen represalias contra aquellos filtradores de información sensible de interés público.  

Accede y profundiza en el contenido de la directiva a través de este enlace: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_8.pdf 

Si la confianza se rompe, las restricciones se imponen

Increíble pero cierto. El Gobierno chino va a calificar a sus ciudadanos en función de su comportamiento público o en la red. La medida será obligatoria en 2020. A partir de ese momento lo que un ciudadano chino diga o haga será susceptible de ser calificado de forma positiva o negativa.



Una forma de control sociológico que seguro dará mucho que hablar y que pone sobre la mesa muchos dilemas e interrogantes éticos al convertir el control de la persona en un juego ya que si eres calificado con alta puntuación obtendrás recompensa. Este artículo de la revista 'Wired UK' lo explica. Muy recomendable.


https://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion 

Un Congreso Internacional para debatir sobre ciberseguridad y justicia electoral

El surgimiento y expansión de las nuevas tecnologías han tenido un efecto en la democracia. Han modificado y complementado las formas tradicionales de participación política, abriendo nuevos canales de debate y comunicación. Han, además, impactado en la forma de hacer campañas y distribuir información. Y en los últimos tiempos, los bots, algoritmos o el big data, han impactado la forma de ejercer los derechos político-electorales y el funcionamiento de los procesos electorales. En tiempos en donde se repiten las denuncias en todo el mundo sobre la fragilidad del sistema electoral, resulta urgente reflexionar y debatir en torno a los desafíos que plantean estas nuevas tecnologías, tanto desde una perspectiva práctica como teórico-jurídica. Para efectos de analizar las múltiples aristas de este tema, resulta útil estructurar el debate en torno a los requisitos que debe cumplir un proceso electoral que se considere democrático, esto es: (i) promover el voto libre e informado; (ii) garantizar la equidad y la seguridad electoral; y (iii) permitir el funcionamiento de un sistema electoral equitativo, justo y transparente.

Para mayor información ver: http://www.cepc.gob.es/investigacion/encuentros-cient%C3%ADficos/ciberseguridad-yjusticia-electoral 



DIRECCIÓN 

Rafael Rubio, Subdirector del CEPC |Miembro del Comité académico de la Red Mundial de Justicia Electoral| Director del Grupo de Investigación Complutense sobre tecnología y democracia. 
Alfonso Fernández-Miranda |Director Cátedra de Derecho Militar UCM-Ministerio de Defensa y del Instituto de Derecho Parlamentario. 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Rafael Rubio | Subdirector del CEPC, miembro del Comité académico de la Red 
Josep María Castellá | Miembro del Bureau Comisión de Venecia 
José Luis Vargas | Magistrado TEPJF 
Andrea Pisaneschi | Universidad de Siena 
Jean Philippe Derosier | Universidad de Lille II 
Lorenzo Cotino | Catedrático Universidad de Valencia 



PROGRAMA

Jueves 12 de abril 

10.00 – 10.30 CONFERENCIA MAGISTRAL: “Red Mundial de Justicia Electoral”

Magistrado Sr. José Luis Vargas | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación


El Congreso abrirá con una revisión de la creación de la Red Mundial de Justicia Electoral, iniciativa que busca crear un espacio de información y de mejores prácticas para calificar y dar certidumbre a los procesos electorales. Esta Red reúne a representantes de tribunales electorales, cortes constitucionales, supremas cortes de justicia y otras instituciones, con el fin de desarrollar una plataforma de intercambio de información y poder compartir experiencias con miras a enfrentar los principales desafíos que hoy afectan la democracia, como lo es el tema de las nuevas tecnologías.

10.30 – 13.00 MESA 1: Seguridad electoral y seguridad nacional: “Participación política en la red, equidad y seguridad del voto”

Esta mesa se concentrará en las nuevas tecnologías, y su relación con la seguridad electoral, garantía de equidad, participación y fiabilidad de las redes, es decir, los riesgos tras la influencia de las denominadas fakenews, los efectos de los bots o trolls, la post-verdad en los medios de comunicación y el fact-checking como posible respuesta, el sistema de blockchain llevado al mundo político; y por otro lado, se abordará también el tema de ciberseguridad en el propio proceso electoral, es decir, los riesgos y oportunidades del voto y recuento electrónico, las medidas de protección ante hackeos, las posibilidades de injerencia extranjera, etc.

PONENTES

Rafael Rubio | Subdirector del CEPC.
Ángel Gómez de Agreda | Jefe del Área de análisis geopolítico DICOES/SEGEMPOL, Jefe de Cooperación del Ministerio de Defensa, Teniente Coronel del Ejército del Aire (Estado Mayor-Mando Conjunto Ciberdefensa).
Marcos Gómez Hidalgo | Subdirector de Servicios de Ciberseguridad de Incibe.
Carlos Kuchkovsky | Experto en Blockchain, BBVA

15.00 – 17.30 MESA 2: Voto libre e informado: “Nuevas tecnologías y su impacto en los derechos políticos-electorales”

En esta mesa se analizará la relación entre redes sociales y procesos electorales, desde la perspectiva del impacto de las nuevas tecnologías en la forma de entender la libertad de expresión en la red, la relación entre libertad y equidad en la contienda política, las nuevas formas de participación y discurso político. Entre los temas a desarrollar se cuentan: el 4 impacto de las nuevas tecnologías en las campañas políticas, las nuevas formas de publicidad y segmentación política, el alcance de la noción de ciberdemocracia, las nuevas perspectivas para encuestas electorales y su fiabilidad, las oportunidades de micro-financiación de campañas, etc.

PONENTES

Lorenzo Cotino | Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València y coordinador de la red Derecho TICs.
Carlos Vidal Prado | Junta Electoral Central, España.
Loreto Corredoira | Doctora en Ciencias de la Información, Co-directora libros "Libertades en Internet" y "Derecho de la información", Directora Proyecto Cyberlaw UCM.
Eva Campos Domínguez | Profesora en la Universidad de Valladolid con especialización en Comunicación en Internet.

Viernes 13 de abril 

9.30 – 11.30 MESA 3: Sistema electoral justo y transparente:  “Nuevas tecnologías: ¿se requiere una nueva regulación electoral?” 

Las nuevas tecnologías no han venido acompañadas por una respuesta normativa adecuada y oportuna. De ahí la necesidad de cuestionarse las necesidades legislativas que se presentan, ¿basta con la equiparación con el resto de medios de comunicación? ¿Se requiere una nueva regulación electoral? Se analizarán marcos legales a nivel internacional en la materia. Esto servirá para identificar: a) el estado del arte; y b) las innovaciones en regulación de redes sociales. Se prestará atención en particular a esfuerzos, principios, normativa y resoluciones encaminadas a la protección de las libertades de expresión en la red y a la defensa de la equidad en la contienda política. Esta mesa se abocará precisamente desde la perspectiva del desafío de nuevos estándares regulatorios –nacionales y/o internacionales-, incluyendo también el análisis sobre el rol que cabe a los organismos electorales, misiones internacionales de observación electoral u otros entes fiscalizadores. 

PONENTES 
Andrea Pisaneschi | Profesor Derecho Constitucional Universidad de Siena, Italia. 
Jean Philippe Derosier | Profesor de la Université de Lille, Francia. 
Ana Cristina López | Jefa del Área de Cooperación Electoral, Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerio del Interior de España. 
Román Jacques Lianzo | Presidente del TSE de la República Dominicana 

11.30 – 12.00 CONFERENCIA DE CLAUSURA: Participación y representación “La actualización de la democracia ante la tecnología” 

Alfonso Fernández-Miranda Campoamor | Catedrático de Derecho Constitucional UCM y Director de la Cátedra de Derecho Militar, Co-organizadores del Congreso 

Las últimas décadas han visto una tendencia a la baja en formas tradicionales de participación política. La participación en procesos electorales ha disminuido mientras que la membrecía en partidos políticos ha registrado bajas considerables, solo equiparables a la caída en confianza ciudadana en los mismos. Al mismo tiempo, han surgido alternativas a la forma tradicional de hacer política, a veces materializadas en candidatos y movimientos anti-sistema que desafían la tradicional representación. La ciudadanía percibe un alejamiento de sus partidos tradicionales y estos movimientos ocupan este espacio. ¿Cómo hacer frente a esta nueva realidad que exige, por un lado, recuperar la representación y la política, y por otro acercar más y –casi instantáneamente– a partidos y ciudadanos? Las nuevas tecnologías pueden ofrecer una respuesta a ello. ¿Cómo pueden las autoridades electorales abonar a estos procesos?


Un cambio de la ley electoral


Autora: Isabel Serrano 

El día 11 de febrero de 2018, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de Isabel Serrano Maíllo, en el cual la autora considera que es necesaria una reforma estructural del sistema electoral actual.

La reforma del sistema electoral español es un tema recurrente entre nuestros políticos, especialmente entre los de aquellos partidos que se sienten perjudicados por él. Cierto es que nuestro sistema favorece a unos y perjudica a otros, pero eso es algo, me temo, que ocurriría con cualquiera. No existe la fórmula ni el sistema electoral perfecto aunque, por supuesto, esto no es óbice para no tratar de encontrar el mejor posible.

En España, las normas del juego se recogen en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La Constitución exige: que el números de diputados esté entre 300 y 400, que la circunscripción sea la provincia, que todas las provincias cuenten con representación aunque sea mínima (actualmente cada provincia parte con 2 diputados y Ceuta y Melilla, con uno), que el sistema sea proporcional (actualmente se utiliza la formula de reparto establecida por la Ley D'Hondt) y que se facilite el voto a los ciudadanos que se encuentran fuera del país. Esto implica que si para reformar el sistema electoral hay que modificar cualquiera de estas exigencias, habrá que pasar por la reforma constitucional. De lo contrario, bastará con un cambio legislativo.

La principal crítica que suelen hacer los partidos es la falta de proporcionalidad. Se critica que con la ley actual los partidos mayoritarios están sobrerrepresentados, mientras que sobre los partidos nacionales más pequeños el efecto de la norma es exactamente el contrario. Efectivamente, así es. Partidos como Izquierda Unida y UPyD se han visto perjudicados (de manera grave) por este sistema, mientras que PP y PSOE se han visto favorecidos (en mayor o menor medida). Esta es la lectura que se hace cuando se habla de cambiar la ley electoral, de cambiar la fórmula. Pero quizás es el momento de hacer una reforma estructural, un cambio de sistema, aunque esto suponga cambiar la Constitución. Considero que la fórmula de reparto es importante, pero no tanto como se nos quiere hacer creer (seguramente cada partido sea capaz de encontrar la más justa y proporcional y que casualmente será aquella que más le beneficie, como estamos viendo estos días con la propuesta de Ciudadanos y Podemos). Hay que cambiar la perspectiva haciéndose las preguntas correctas antes de abordar las soluciones.

En primer lugar, establezcamos de qué estamos hablando, ¿de la Cámara de representación nacional? Pues creo que necesitamos un sistema que sitúe en esa Cámara a aquellos representantes que trabajen en beneficio de todos, con proyectos y propuestas dirigidas a todos los españoles y no solo se centren en asuntos territoriales. (Tengamos en cuenta que actualmente CCa-PNC, con tan solo el apoyo del 0,33% de los votos nacionales cuenta con un escaño, EH Bildu, con una representación del 0,77%, con 2 escaños, y el PNV, con un 1.2%, con 5 escaños.) Para esto, sería necesario establecer la circunscripción única o exigir que para acceder al reparto de escaños las formaciones se presenten en un número determinado -y alto- de provincias o establecer una barrera electoral (porcentaje mínimo de votos para poder acceder al reparto de escaños) nacional y no provincial.

Desde mi punto de vista, esta situación ha provocado que durante años, los grandes partidos no hayan necesitado negociar ni pactar entre ellos para aprobar presupuestos, dar luz verde a ciertas leyes, etc., sino que recurrían a este tipo de partidos, que actuaban de bisagra, y que a cambio de competencias, conciertos o concesiones varias, apoyaban al partido en el poder.
En segundo lugar, preguntémonos por qué no exigir igualdad también en este ámbito. Debemos ir a un sistema en el que el voto de todos los ciudadanos tenga el mismo valor. Así pues, creo que la prima provincial debería desaparecer, porque distorsiona el sistema no solo en cuanto a que provoca la sobrerrepresentación e infrarrepresentación de las provincias menos y más pobladas, sino porque rompe la proporción de un ciudadano, un voto.

Además, habría que replantearse que las listas sean cerradas y bloqueadas; establecer sistemas de regeneración empezando por limitar los mandatos como diputado, revisar el sistema de financiación electoral, etc... Soy partidaria de una reforma estructural y contraria a que se aumente el número de diputados o que puedan votar los niños.

La Directiva del Copyright en punto muerto en Bruselas y, el sector Internet de nuevo en pié



En relación con los artículos clave del texto que ha preparado la Comisión en 2016, sigue sin haber acuerdo al menos en dos cosas importantes en la economía y sociedad digital. 

Una, la responsabilidad de los proveedores y plataformas por los contenidos que suben los usuarios (porque se exigiría a sitios como YouTube o Vimeo que monitoricen el proceso y filtren), y dos, los derechos remuneratorios de los editores de periódicos, que trataré otro día. 

La Presidencia que ha  tomado el relevo a Eslovenia este primer mes de 2018, viendo que los intereses están muy encontrados,  pide que se llegue a un acuerdo previo a su envio al Parlamento y concretamente pide que se clarifique qué es “comunicación al público a los efectos de esta directiva” y si están comprendidos en ese tipo de actos los servicios que ofrece YouTube, Vimeo u otras plataformas en las que usuarios (sean estos ciudadanos o empresas) distribuyen contenido o bien gratuitamente o en alquiler o venta”.  






Comparto bastantes de las peticiones de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales AMETIC, usuarios y audiencias reunidos en iCmedia, y las startups y emprendedores tecnológicos agrupados en la Asociación Española de Startups, que "han manifestado su profunda preocupación por la posición oficial de España en el proceso de discusión y negociación de la Directiva europea de Copyright al entender que la actual redacción de su artículo 13 supone una amenaza para el ecosistema de Internet, el desarrollo de la economía digital y la creación de riqueza y empleo en España, especialmente al reinterpretar el concepto de “comunicación pública” afirmando que todo proveedor, plataforma o sitio online lo realiza ante contenido subido por sus usuarios.  

Ofrezco alguna cita más del articulado para su comprensión.

Sobre el art. 13 sigue habiendo posturas encontradas y ofrecen 3 borradores de texto y cito lo que dice la nota del Consejo



Three draft compromise proposals by the Presidency with different options on Article 13 have been discussed in the Working Party. In the first option3 the Presidency proposed to clarify under which conditions information society services providers storing and giving access to user uploaded content are communicating to the public, using the criteria suggested by some delegations. A number of delegations showed support to the idea of the clarification itself but some of them raised concerns about the criteria used, which they found to be too similar to those used under Article 14 of the E-Commerce Directive and expressed their preference for copyright relevant criteria based on the case law of the CJEU.

La postura por la que se inclina la EU es a considerar que los proveedores y “emisores” si deben responder. Lo que dicen es que en su caso NO SE APLICA la exención de responsabilidad que fija el Directiva de eCommerce del 2000, aunque al final veremos que van a delegar al desarrollo de cada Estado al aplicar la Directiva. Destaco algunos de sus razonamientos:

Based on these comments, the Presidency tabled a second compromise proposal4. In this proposal the Presidency used criteria from the CJEU as requested by the delegations. However, even though the direction taken was considered to be the right one, further comments were made by the delegations with regard to some of the criteria used. Additionally, some delegations asked for a clarification on the link between the communication to the public and the E-Commerce Directive by providing that Article 14 of the E-Commerce Directive does not apply to the service providers regulated by Article 13. At the same time, concerns were raised on whether this approach would lead to excessive liability of such providers, as they would be considered primarily liable for copyright infringements in cases where their users upload content in which they do not hold any rights and without having been authorised by rightholders to do so. Questions were also raised with regard to the link between the clarification on communication to the public and the measures to be taken, where it was felt that more clarity was needed on which service providers should take the measures.

..
Under this proposal, service providers that communicate to the public and are not eligible for the limited liability regime under Article 14 of the E-Commerce Directive would not be liable for unauthorised acts of communication to the public of content uploaded by their users under the condition that they take effective measures with regard to the content identified by rightholders and, if ex ante identification of the content is impossible, remove such uploaded content upon a notification by rightholders and avoid future uploads of this specific content.

Si pueden exonerarse de responsabilidad si los titulares de derechos no les facilitan los datos necesarios para adoptar medidas  (datos con que filtrar, capar o limitar difusión de música, cine, etc). Como hasta ahora YouTube bloquea música, cine, tv cuando sus DRMS o sistema de Digital Rights Management System identifica la obra. Lo que indica la Directiva es que no podrán “quejarse” los titulares de derechos (normalmente en Europa a través de las Entidades de Gestión y en USA más vía Sindicatos o Consorcios de empresas) que no faciliten a las plataformas los datos correspondientes. 

Furthermore, these service providers would not be liable for the specific unauthorised content uploaded by their users if no relevant data is provided by rightholders to allow the service providers to apply the measures. A significant number of delegations expressed their concerns that this approach would add a new liability exemption, thus not achieving the objective of strengthening the rightholders' position. A few delegations found this approach to be a balanced one and other delegations did not express their views.


Y finalmente, aunque todo puede seguirse aquí en el portal legislativo de la UE, copio la
ÚLTIMA POSICIÓN DEL CONSEJO. ENERO 2018 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Orientation debate on Articles 11 and 13

ST 5284 2018 INIT - 2016/0280 (COD)

Value gap provisions

Taking into account the different approaches by the delegations and the difficulties to reach an agreement on some fundamental elements of Article 13 and of the related recitals, the Presidency considers that political guidance should be sought on the most important questions in order to be able to progress with the discussions on Article 13. With this purpose, the Presidency would like to seek political guidance on the following questions :

(1) Should there be a clarification in Article13 that service providers that store and give access to user uploaded content perform, under certain conditions, an act of communication to the public or should Article 13 be limited to self-standing measures, applying to user uploaded content platforms with a significant amount of uploaded content, without any clarification on communication to the public, as in the Commission proposal?

(2) Should there also be an explicit provision in Article 13 clarifying that such services are not eligible for the limited liability regime under Article 14 of the E-Commerce Directive meaning that they would be taken out of Article 14 of E-Commerce Directive and be primarily liable for copyright infringements when their users upload content not authorised by rightholders?

(3) If the user-uploaded content platforms should be liable, should they be liable in all cases or should there still be some targeted liability mitigation provided for to avoid potentially excessive impact on platforms storing and giving access to user uploaded content?

(4) If there is a clarification of the communication to the public, should there also be an obligation to apply measures as an additional provision, and if so, should it apply to the same service providers as those concerned by the clarification on communication to the public or should the scope of this obligation be different, potentially wider?

In addition to the above, within the context of questions concerning communication to the public and applicability of the limited liability regime as provided for under the E-commerce Directive, the Presidency would like to invite delegations to consider the following:

- Would a possible solution be a text without any language regarding those issues in Article 13, but a recital that would recall the existing principles of EU law which are relevant to determine the conditions under which user uploaded content platforms engage, based on the existing case-law of the ECJ, into a copyright relevant act and are not covered by the limited liability in Article 14 of the E-commerce Directive?

Proteger a los denunciantes de la corrupción de las represalias personales y laborales

Casos como la filtración de los papeles de Panamá o el reciente escándalo de Cambrigde Analítica sobre el presunto uso de datos ...