Un cambio de la ley electoral


Autora: Isabel Serrano 

El día 11 de febrero de 2018, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de Isabel Serrano Maíllo, en el cual la autora considera que es necesaria una reforma estructural del sistema electoral actual.

La reforma del sistema electoral español es un tema recurrente entre nuestros políticos, especialmente entre los de aquellos partidos que se sienten perjudicados por él. Cierto es que nuestro sistema favorece a unos y perjudica a otros, pero eso es algo, me temo, que ocurriría con cualquiera. No existe la fórmula ni el sistema electoral perfecto aunque, por supuesto, esto no es óbice para no tratar de encontrar el mejor posible.

En España, las normas del juego se recogen en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La Constitución exige: que el números de diputados esté entre 300 y 400, que la circunscripción sea la provincia, que todas las provincias cuenten con representación aunque sea mínima (actualmente cada provincia parte con 2 diputados y Ceuta y Melilla, con uno), que el sistema sea proporcional (actualmente se utiliza la formula de reparto establecida por la Ley D'Hondt) y que se facilite el voto a los ciudadanos que se encuentran fuera del país. Esto implica que si para reformar el sistema electoral hay que modificar cualquiera de estas exigencias, habrá que pasar por la reforma constitucional. De lo contrario, bastará con un cambio legislativo.

La principal crítica que suelen hacer los partidos es la falta de proporcionalidad. Se critica que con la ley actual los partidos mayoritarios están sobrerrepresentados, mientras que sobre los partidos nacionales más pequeños el efecto de la norma es exactamente el contrario. Efectivamente, así es. Partidos como Izquierda Unida y UPyD se han visto perjudicados (de manera grave) por este sistema, mientras que PP y PSOE se han visto favorecidos (en mayor o menor medida). Esta es la lectura que se hace cuando se habla de cambiar la ley electoral, de cambiar la fórmula. Pero quizás es el momento de hacer una reforma estructural, un cambio de sistema, aunque esto suponga cambiar la Constitución. Considero que la fórmula de reparto es importante, pero no tanto como se nos quiere hacer creer (seguramente cada partido sea capaz de encontrar la más justa y proporcional y que casualmente será aquella que más le beneficie, como estamos viendo estos días con la propuesta de Ciudadanos y Podemos). Hay que cambiar la perspectiva haciéndose las preguntas correctas antes de abordar las soluciones.

En primer lugar, establezcamos de qué estamos hablando, ¿de la Cámara de representación nacional? Pues creo que necesitamos un sistema que sitúe en esa Cámara a aquellos representantes que trabajen en beneficio de todos, con proyectos y propuestas dirigidas a todos los españoles y no solo se centren en asuntos territoriales. (Tengamos en cuenta que actualmente CCa-PNC, con tan solo el apoyo del 0,33% de los votos nacionales cuenta con un escaño, EH Bildu, con una representación del 0,77%, con 2 escaños, y el PNV, con un 1.2%, con 5 escaños.) Para esto, sería necesario establecer la circunscripción única o exigir que para acceder al reparto de escaños las formaciones se presenten en un número determinado -y alto- de provincias o establecer una barrera electoral (porcentaje mínimo de votos para poder acceder al reparto de escaños) nacional y no provincial.

Desde mi punto de vista, esta situación ha provocado que durante años, los grandes partidos no hayan necesitado negociar ni pactar entre ellos para aprobar presupuestos, dar luz verde a ciertas leyes, etc., sino que recurrían a este tipo de partidos, que actuaban de bisagra, y que a cambio de competencias, conciertos o concesiones varias, apoyaban al partido en el poder.
En segundo lugar, preguntémonos por qué no exigir igualdad también en este ámbito. Debemos ir a un sistema en el que el voto de todos los ciudadanos tenga el mismo valor. Así pues, creo que la prima provincial debería desaparecer, porque distorsiona el sistema no solo en cuanto a que provoca la sobrerrepresentación e infrarrepresentación de las provincias menos y más pobladas, sino porque rompe la proporción de un ciudadano, un voto.

Además, habría que replantearse que las listas sean cerradas y bloqueadas; establecer sistemas de regeneración empezando por limitar los mandatos como diputado, revisar el sistema de financiación electoral, etc... Soy partidaria de una reforma estructural y contraria a que se aumente el número de diputados o que puedan votar los niños.

La Directiva del Copyright en punto muerto en Bruselas y, el sector Internet de nuevo en pié



En relación con los artículos clave del texto que ha preparado la Comisión en 2016, sigue sin haber acuerdo al menos en dos cosas importantes en la economía y sociedad digital. 

Una, la responsabilidad de los proveedores y plataformas por los contenidos que suben los usuarios (porque se exigiría a sitios como YouTube o Vimeo que monitoricen el proceso y filtren), y dos, los derechos remuneratorios de los editores de periódicos, que trataré otro día. 

La Presidencia que ha  tomado el relevo a Eslovenia este primer mes de 2018, viendo que los intereses están muy encontrados,  pide que se llegue a un acuerdo previo a su envio al Parlamento y concretamente pide que se clarifique qué es “comunicación al público a los efectos de esta directiva” y si están comprendidos en ese tipo de actos los servicios que ofrece YouTube, Vimeo u otras plataformas en las que usuarios (sean estos ciudadanos o empresas) distribuyen contenido o bien gratuitamente o en alquiler o venta”.  






Comparto bastantes de las peticiones de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales AMETIC, usuarios y audiencias reunidos en iCmedia, y las startups y emprendedores tecnológicos agrupados en la Asociación Española de Startups, que "han manifestado su profunda preocupación por la posición oficial de España en el proceso de discusión y negociación de la Directiva europea de Copyright al entender que la actual redacción de su artículo 13 supone una amenaza para el ecosistema de Internet, el desarrollo de la economía digital y la creación de riqueza y empleo en España, especialmente al reinterpretar el concepto de “comunicación pública” afirmando que todo proveedor, plataforma o sitio online lo realiza ante contenido subido por sus usuarios.  

Ofrezco alguna cita más del articulado para su comprensión.

Sobre el art. 13 sigue habiendo posturas encontradas y ofrecen 3 borradores de texto y cito lo que dice la nota del Consejo



Three draft compromise proposals by the Presidency with different options on Article 13 have been discussed in the Working Party. In the first option3 the Presidency proposed to clarify under which conditions information society services providers storing and giving access to user uploaded content are communicating to the public, using the criteria suggested by some delegations. A number of delegations showed support to the idea of the clarification itself but some of them raised concerns about the criteria used, which they found to be too similar to those used under Article 14 of the E-Commerce Directive and expressed their preference for copyright relevant criteria based on the case law of the CJEU.

La postura por la que se inclina la EU es a considerar que los proveedores y “emisores” si deben responder. Lo que dicen es que en su caso NO SE APLICA la exención de responsabilidad que fija el Directiva de eCommerce del 2000, aunque al final veremos que van a delegar al desarrollo de cada Estado al aplicar la Directiva. Destaco algunos de sus razonamientos:

Based on these comments, the Presidency tabled a second compromise proposal4. In this proposal the Presidency used criteria from the CJEU as requested by the delegations. However, even though the direction taken was considered to be the right one, further comments were made by the delegations with regard to some of the criteria used. Additionally, some delegations asked for a clarification on the link between the communication to the public and the E-Commerce Directive by providing that Article 14 of the E-Commerce Directive does not apply to the service providers regulated by Article 13. At the same time, concerns were raised on whether this approach would lead to excessive liability of such providers, as they would be considered primarily liable for copyright infringements in cases where their users upload content in which they do not hold any rights and without having been authorised by rightholders to do so. Questions were also raised with regard to the link between the clarification on communication to the public and the measures to be taken, where it was felt that more clarity was needed on which service providers should take the measures.

..
Under this proposal, service providers that communicate to the public and are not eligible for the limited liability regime under Article 14 of the E-Commerce Directive would not be liable for unauthorised acts of communication to the public of content uploaded by their users under the condition that they take effective measures with regard to the content identified by rightholders and, if ex ante identification of the content is impossible, remove such uploaded content upon a notification by rightholders and avoid future uploads of this specific content.

Si pueden exonerarse de responsabilidad si los titulares de derechos no les facilitan los datos necesarios para adoptar medidas  (datos con que filtrar, capar o limitar difusión de música, cine, etc). Como hasta ahora YouTube bloquea música, cine, tv cuando sus DRMS o sistema de Digital Rights Management System identifica la obra. Lo que indica la Directiva es que no podrán “quejarse” los titulares de derechos (normalmente en Europa a través de las Entidades de Gestión y en USA más vía Sindicatos o Consorcios de empresas) que no faciliten a las plataformas los datos correspondientes. 

Furthermore, these service providers would not be liable for the specific unauthorised content uploaded by their users if no relevant data is provided by rightholders to allow the service providers to apply the measures. A significant number of delegations expressed their concerns that this approach would add a new liability exemption, thus not achieving the objective of strengthening the rightholders' position. A few delegations found this approach to be a balanced one and other delegations did not express their views.


Y finalmente, aunque todo puede seguirse aquí en el portal legislativo de la UE, copio la
ÚLTIMA POSICIÓN DEL CONSEJO. ENERO 2018 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Orientation debate on Articles 11 and 13

ST 5284 2018 INIT - 2016/0280 (COD)

Value gap provisions

Taking into account the different approaches by the delegations and the difficulties to reach an agreement on some fundamental elements of Article 13 and of the related recitals, the Presidency considers that political guidance should be sought on the most important questions in order to be able to progress with the discussions on Article 13. With this purpose, the Presidency would like to seek political guidance on the following questions :

(1) Should there be a clarification in Article13 that service providers that store and give access to user uploaded content perform, under certain conditions, an act of communication to the public or should Article 13 be limited to self-standing measures, applying to user uploaded content platforms with a significant amount of uploaded content, without any clarification on communication to the public, as in the Commission proposal?

(2) Should there also be an explicit provision in Article 13 clarifying that such services are not eligible for the limited liability regime under Article 14 of the E-Commerce Directive meaning that they would be taken out of Article 14 of E-Commerce Directive and be primarily liable for copyright infringements when their users upload content not authorised by rightholders?

(3) If the user-uploaded content platforms should be liable, should they be liable in all cases or should there still be some targeted liability mitigation provided for to avoid potentially excessive impact on platforms storing and giving access to user uploaded content?

(4) If there is a clarification of the communication to the public, should there also be an obligation to apply measures as an additional provision, and if so, should it apply to the same service providers as those concerned by the clarification on communication to the public or should the scope of this obligation be different, potentially wider?

In addition to the above, within the context of questions concerning communication to the public and applicability of the limited liability regime as provided for under the E-commerce Directive, the Presidency would like to invite delegations to consider the following:

- Would a possible solution be a text without any language regarding those issues in Article 13, but a recital that would recall the existing principles of EU law which are relevant to determine the conditions under which user uploaded content platforms engage, based on the existing case-law of the ECJ, into a copyright relevant act and are not covered by the limited liability in Article 14 of the E-commerce Directive?

Trump pone punto y final a la era de la neutralidad en Internet

Autor: Nacho Gallego Méndez-Galán 





EE.UU. ha puesto fin a Internet tal y como la conocemos. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) derogó este jueves las medidas establecidas en 2015 por el Gobierno de Barack Obama,  disposiciones que garantizaban la neutralidad de la red y aseguraban el acceso igualitario a internet de todos los individuos y compañías.

La propuesta ha salido adelante gracias la mayoría republicana en la institución reguladora. Con la nueva normativa todo cambiará. Las empresas suministradoras del servicio podrán bloquear, ralentizar o discriminar los contenidos o aplicaciones al tiempo que se permitirá pagar un extra por usar Facebook o Google.

Los defensores del fin de la neutralidad, entre los que se encuentra el Partido republicano y gigantes de las telecomunicaciones como Verizon o AT&TO,  subrayan que el nuevo modelo supondrá el retorno de un Internet controlado por los consumidores y libre de trabas para desarrollar la innovación. Sostienen que la regulación impulsada por Barack Obama no dejaba de poner piedras sobre las ruedas de los proveedores de servicios de la red al rebajar la expansión de las redes de banda ancha y la inversión en construcción. Además, añaden que la nueva legislación construirá una estructura cuya principio base será la competitividad.

El nuevo sistema posibilitará diferentes velocidades según el pago y los intereses de los operadores. A partir de ahora serán las empresas de telecomunicaciones las que puedan aplicar las medias que consideren necesarias en lo que al tráfico y contenidos en la red se refiere. En ese sentido, destacan que la ley de 2015 obstaculizaba el progreso, la inversión en telecomunicaciones y el crecimiento económico de las compañías.

Los detractores  abogan por un sistema entendido como bien público en el que los proveedores del servicio están obligados a tratar por igual todos los datos sin discriminar por razones de origen, tipo y destino. Aseguran que la nueva normativa es un triunfo para el liberalismo que trae consigo la derrota de las nuevas tecnologías al otorgar una elevada capacidad de decisión a los proveedores.

Organizaciones civiles del país, el Partido Demócrata, Google o Facebook reprochan a la Administración Trump la indefensión en la que se enfrenta el consumidor al desmantelar los mecanismos de defensa que la norma de 2015 salvaguardaba. Entienden que la reforma supone un golpe a una red abierta y libre socavando el principio de igualdad, una máxima rota al derribar el dique legal que frenaba el bloqueo y la neutralidad de Internet.

Las protestas contra las nuevas medidas no se han hecho esperar. Así, cientos de compañías manifestaron su malestar por las modificaciones implementadas por el Ejecutivo norteamericano en la neutralidad en la red. Protestas que se unen a la del pasado mes de julia en la que 180 compañías tecnológicas de Estados Unidos en colaboración con Google, Amazon y Facebook realizaron en el llamado “Día de la Acción”.

La normativa para un “internet desregulado” abre la veda a medidas inéditas hasta el momento. Así, un operador podrá ofrecer acelerar o ralentizar la conexión a sus clientes según el modo de pago, bloquear a quienes compitan con sus ofertas, ofrecer paquetes de internet similares a los de la televisión por cable o imponer tarifas especiales con el consecuentes perjuicio para aquellas empresas que buscan hacerse un hueco en el mercado o para aquellas cuya situación financiera es deficitaria.

Sin embargo, la nueva regulación obliga a estas empresas a mantener informados a los consumidores sobre el tipo de características que presenta el servicio que están ofreciendo.


En la práctica, la FCC ha reclasificado la internet de banda ancha como un servicio de información más que un servicio de telecomunicaciones y será la Comisión Federal de Comercio (FTC) el órgano encargado de regular a los proveedores de servicios de Internet cuyo cometido será vigilar que la información sea transparente y se evite el bloqueo y ralentización de los contenidos. Una reforma polémica que resquebraja la igualdad de los internautas dejando la neutralidad y seguridad en tierra de nadie. 


Mi tribuna de hoy en Elconfidencial.com sobre la Constitución y la Ley (anulada) del referéndum catalán al hilo de la carta que hemos suscrito casi 400 profesores de Derecho público (entre los que estamos los que nos dedicamos al Derecho de la Información).