Autor: Oscar Jaramillo
Es necesario reforzar la neutralidad en la red para preservar la libertad de expresión en Internet. Esa es una las principales conclusiones a la que llegó el informe “Network Neutrality”, elaborado por la ACLU (American Civil Liberty Union) en octubre de este año.
Debido a la existencia de la tecnología llamada “deep packet inspection” (DPI), las empresas que dan acceso a Internet (más conocidas como IPS’s por sus siglas en inglés), tienen la capacidad para determinar qué tipo de aplicación está utilizando un usuario y cuál es el contenido de las páginas que está visitando, por dar un ejemplo.
Normalmente la DPI es usada por los ISP’s para reducir de manera arbitraria el ancho de banda de un usuario cuando accede a ciertos sitios web o utiliza aplicaciones como juegos en línea o descarga archivos.
En el caso chileno, el constante manejo el ancho de banda en función de los contenidos visitados y descargados por los usuarios motivó la creación y promulgación de la Ley 20.453, que “Consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet”.
Los ISP’s chilenos reducían el ancho de banda cada vez que un usuario entraba a un sitio que era considerado como de la “competencia”. Los sitios web más afectados eran Youtube y Gmail.
El objetivo de reducir drásticamente el ancho de banda cuando un usuario ingresada a Gmail, era la de perjudicar la experiencia de usuario en ese sitio, para que las personas prefirieran el servicio de correo electrónico proporcionado por cada ISP.
Uno de los casos más extraños ocurrió en marzo de 2010 cuando casi la totalidad de los ISP’s chilenos bloquearon el puerto 25, lo que impidió que miles de personas pudieran enviar correos electrónicos a través de programas como Outlook o Thunderbird. Nunca quedó clara la razón por la cual fue tomada esta medida, pero durante un par de meses las empresas que se dedican al hosting o alojamiento de sitios web, tuvieron que habilitar diversos puertos para el envío de correos electrónicos, para evitar el bloqueo.
Otra de las acciones contrarias a la neutralidad en la red, era la política de un ISP en particular de codificar la conexión para evitar que los usuarios pusieran routers inalámbricos por cuenta propia. De esta manera si una familia deseaba tener Internet inalámbrica en su hogar, debía contratar el servicio como un adicional y pagar por el arriendo del router.
La ley tiene un artículo único y en ella se afirma: “No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red”.
Cabe señalar que la Ley de Neutralidad en la red permitirá formar la base desde la cual se podrán a futuro, sentar las bases de los ciberderechos de todos los usuarios de la red.
Hace sólo un año el congreso chileno discutió una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, que en la práctica obligaba a los ISP a ejercer la DPI para evitar que los usuarios descargaran contenidos que violaran los derechos de autor.
Cada vez que un usuario utilizara un programa de P2P (puerto a puerto) o similar, el ISP estaba obligado a cerrar los puertos de conexión a Internet para evitar que los archivos fueran bajados.
En los Estados Unidos la DPI ha sido utilizada para censurar contenidos por motivos políticos. Entre los casos más notorios que fueron denunciados por el informe de la ACLU, se encuentra la censura por parte de AT&T, que sufrió la transmisión en vivo de un concierto del grupo de rock Pearl Jam en 2007. La medida se habría producido porque durante el concierto el vocalista del grupo emitió opiniones en contra de George W. Bush.
La neutralidad en la red no sólo es necesaria para resguardar la vida privada de los usuarios de la red, sino que también es una condición básica para que se pueda ejercer la libertad de expresión en Internet. Es por esa razón que podemos plantear que es un derecho básico, para que se pueda desarrollar el derecho a la información en la web.
