Autora: Wilma Arellano
Esta semana se anunció que, como parte de las medidas de austeridad del Gobierno español, se suprimía la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que dependía del Ministerio de Industria. La medida ha sido muy criticada por diversos sectores, ya que se considera que con ésta, se descuidarán las políticas y planes de actuación en un ámbito sumamente importante para el propio desarrollo económico.
Mientras que con esa decisión, el Gobierno implementa uno de los aspectos del plan de racionalización del sector público y pretende con ello, ahorrar y hacer frente de alguna manera a la crisis; es posible que en el caso concreto de esta Dirección, la medida no sea tan adecuada. La razón es que Internet, las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías y todos aquellos aspectos inherentes a la Sociedad de la Información --con una debida planeación y normativa eficaz y moderna-- son precisamente, impulsores y determinantes del desarrollo económico.
A mayor crecimiento de la economía de un país, mayor inversión en tecnología y aprovechamiento de las mismas para generar, a su vez, más desarrollo. Es un círculo virtuoso en donde un factor retroalimenta al otro.
Evidentemente, el hecho de que la Dirección haya sido eliminada, no quiere decir que el Gobierno evada sus funciones de fomento de la Sociedad de la Información y de protección de los derechos de los consumidores, aunque habrá que ver a través de qué instancias dentro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
Así pues, esperemos que la decisión se vea compensada de otra manera, ya que el marco institucional en que se circunscribe la Sociedad de la Información en España y en Europa (siguiendo también las líneas que marcan las Directivas europeas) está conformado por las políticas públicas (que la Dirección suprimida delineaba) y la legislación en la materia.
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