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La Ley de Transparencia a examen: ¿preparados?


Autor: Lorenzo Cotino 

Ricard Martínez, Presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad www.apep.es remite la siguiente información de interés sobre la  Jornada sobre Ley de Transparencia de la Asociacion APEP  que se celebra en la Facultad de Derecho. de la U. Valencia el próximo miércoles 2 de abril de 9 a 14.30 horas Inscripción gratuita aqui.




Extraordinaria ocasión para ponerse al día, organizada por la Asociacion APEP  en la Facultad de Derecho. de la U. Valencia
9.00 Conferencia inaugural

María Barrios Hermida. Directora General de Participación Ciudadana, Generalitat Valenciana.
María Elena Olmos Ortega, Decana de la Facultad de Derecho de la Universitat de València

10.00-11.00 Sesión 1

Análisis general del derecho de transparencia y marco de la ley.
Julián Valero. Departamento de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia
Lorenzo Cotino.Departamento de Derecho Constitucional. Universitat de València.
Ángeles Jareño.Departamento de Derecho Penal. Universitat de València.

11.00-12.00 Sesión 2

Los límites de la transparencia en las obligaciones de información
El secreto profesional, la propiedad intelectual e industrial y la protección de datos.
Ana Marzo. Abogado. Socio en EQUIPO MARZO.
Ricard Martínez. Presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad.

Descanso.  12.00-12.30

12.30-13.30-Sesión 3

Estrategias de cumplimiento: Integración de la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento y organización interna de las administraciones públicas: catalogación documental, privacy by design y open data.

Federico Vidal . Miembro de la Junta directiva de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.
Ramon Cirilo (LISITT – Universidad de Valencia, experto en metadatos y anonimización),

13.30-14:30 Sesión 4

Las Administración Pública frente a la Transparencia.
Juan Medina, Concejal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Quart de Poblet ,
Diego Álvarez, Coordinador grupo de trabajo Universidad Abierta de la OKFN-Spain ,
Jose L. Sahuquillo, Vicepresidente Sistema Española de Acreditación de la Transparencia ACREDITRA

Agenda de reformas internacionales en materia de control o censura de contenidos (ACTA, UIT, ADPIC, UE)

Autora: Loreto Corredoira 
Ya está publicado el programa del Congreso de la Red DerechoTics “Libertad, transparencia y política en internet: ejercicio, amenazas y garantías”, CEPC, que se celebrará en Madrid los días 18 y 19 de octubre de 2012, en la que participo como co-directora junto a los Profesores Lorenzo Cotino (U. Valencia) y Rafa Rubio (UCM), y aquí el abstract de mi ponencia. 
De WikiLeaks a Megaupload han ocurrido muchas cosas en el “cyberlaw”, con una triple característica, que define a ambos hechos acaecidos entre 2010 y 2012: que obligan a los Estados aunque ellos no sean partícipes en las decisiones, imponiendo normas desde instancias de regulación ajenas a su mandato parlamentario; que son globales geográficamente, se aplican en todo el mundo y,  que son universales, es decir, tienen como destinatario a todas las personas.
Comparamos Megaupload y Wikileaks porque el primero es paradigma de la lucha contra la piratería de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y, el segundo, en el campo de la seguridad y secretos oficiales frente a la libertad de expresión en la red. También porque en ambos casos la respuesta judicial ha sido por “infracción” de los derechos de publicación. Nuestra hipótesis es que los DPI están configurándose como columna vertebral del modelo jurídico y de gobierno de Internet, lo que resulta simplista.
¿Qué está en juego? Sin duda el modelo jurídico o sistema de garantías en el Derecho, pero sobre todo que asentemos correctamente las bases para que el Derecho de las TIC, Cyberlaw o el Gobierno de Internet, –según las distintas acepciones encontradas en la bibliografía-, proteja dichos intereses, legítimos sin duda, pero sin merma de los derechos de los usuarios, los derechos de los Estados y, la libertad de información en Internet.
Las respuestas están siendo diversas. Desde países que aprueban leyes específicas que garanticen la imposición de las sanciones adecuadas al incumplimiento de normas contra el copyright (Francia, Colombia, España, Brasil, EE.UU), hasta organismos internacionales que incluyen en su “agenda” política  y legislativa, una mayor atención a los derechos de editores, productores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual. Los ADPIC de la  Organización Mundial del Comercio (OMC) han sido hasta ahora los garantes a nivel internacional, como lo fuera el Convenio de Berna en el siglo XIX.
En la ponencia analizamos estos últimos, textos que se debaten en la actualidad en organismos como la Unión Europea –propuestas de Directivas y Agenda Digital 2020-, el más que posible endurecimiento de los ADPIC, la nuevas competencias que tendrá la  Unión de Telecomunicaciones (UIT) o, los tratados multilaterales como ACTA o Canada-EU Trade Agreement (CETA).

Comentarios Anteproyecto de Ley de Transparencia

Como es sabido el Gobierno popular cumple su promesa electoral y lanza a consulta un anteproyecto de ley de transparencia. Es de interés tener en cuenta la Proposición de ley del PP ahora gobernante en julio de 2011. En algunos aspectos era mejor. a este respecto. Por oportunidad política se ha metido en la ley todo el tema de gobernantes malgastadores y demás. No lo he estudiado aún pero suena a cortina de humo que probablemente no se aplique nunca. Me centro en lo que interesa, respecto de la transparencia.

 

Sobre el tema es muy recomendable seguir todos los trabajos de Emilio Guichot, que trabajó en el primer anteproyecto de ley del PSOE que todos los textos posteriores han tomado como referencia.  En cualquier caso, en una valoración rápida, me permito señalar:

-Aunque no está mal, yo creo que el PP ha reculado un poco en la información proactiva (la que se emite sin esperar a que te la pida el ciudadano) respecto de su proposición de ley de junio pasado (que en eso era una gran mejora respecto de los textos del PSOE). Desde 2003 sostengo que es esencial la información proactiva. Y ejemplos como el mexicano (y por supuestísimo USA y anglosajones) son a seguir. A ver si concretan un poco más los items obligatorios de información activa. Para la ley de e-administración valenciana les preparé más de 50 items, luego recogieron en su artículo 15 todos los que no eran sensibles para los políticos, además de regularlos de forma genérica.  (Dos años después ni siquiera se cumple la ley, por cierto).

-Portales de información centralizados y open data. El portal se contempla en el artículo 7. Lo de Open data, ni está ni desgraciadamente se le espera. A mi juicio son los elementos prácticos y básicos para que la ley llegue a la ciudadanía. Ahí hay muchísimo que regular en el anteproyecto y no dejar a reglamentos que nunca se aprueban. La ley flojea ahí y no creo que mejore puesto que los señores diputados pensarán que estas cosas técnicas que no entienden queden para un reglamento -que nunca se aprueba o pasará el testigo al siguiente-.

-No queda claro el ejercicio electrónico del derecho de acceso, debería regularse mucho mejor, máxime siendo que autonomías y entes locales no cumplen con la Ley 11/2007 y el Estado deja muchísimo que desear en la práctica. La ley de transparencia debe aclarar y regular concretamente el ejercicio electrónico del acceso, ejando claro incluso que no es necesario acreditar la identidad electrónicamente en toda  una serie de supuestos. Desde 2001 el Reglamento UE reguló la cuestión del ejercicio electrónico. No basta decir, o dejar entender en elartículo 14 que se puede, hay que regularlo y no dejarlo al reglamento.

-La exclusión de información de seguridad nacional, etc. del artículo 9 del anteproyecto me parece una exclusión radical inadmisible, al excluirse, tan siquiera se pondera si procede el acceso a la información. Eso debería cambiar a mi juicio.

-En los conflictos de acceso a la información y la intimidad (que ni se menciona) y protección de datos (artículo 11), parece olvidarse  que el acceso a la información es un derecho fundamental para el TEDH desde 2009 (casos Tarasag y Kenedi vs. Hungría). El anteproyecto -como los anteriores, es algo cicatera puesto que en el caso de datos sensibles niega incluso la ponderación entre derechos por la Administración u órgano que tenga que decidir en beneficio del interés público. Con la ley en la mano,  ni siquiera un juez parece que podría otorgar el acceso solicitado puesto que leyendo la ley, la aplicaría y denegaría. Ese vicio se arrastra desde los primeros anteproyectos socialistas. Yo no me voy a poner a regular, pero criterios jurídicos de interés público, relevancia para la formación de la opinión pública y otros principios de interés no son nuevos como para justificar restricciones de estos derechos.

-Respecto de la información pasiva (la que pide el ciudadano), como en foros ha sostenido Guichot, el silencio negativo del artículo 17 es razonable, por mal que suene.

-No obstante, una ley aparentemente tan dura con el mal gobernante, no reprime nada a la administración que seguirá denegando el acceso a la información por defecto, como hace hasta ahora.
-En cualquier caso, como la Administración seguirá denegando accesos, la clave fundamental es no enviar a los ciudadanos a los tribunales sino a un órgano especializado. En eso la ley remite a un recurso potestativo. Se cambia del modelo del anteproyecto socialista y de la proposición del PP de junio 2011. Y es que ahora borran a la AGPD y asignan funciones a una agencia nueva que ya existía la nueva: Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (se regula en la Disposición adicional primera). La Agencia, ya existía, probablemente sin excesiva importancia. No sé  porqué han quitado de en medio a la AGPD en beneficio de una renacida y desconocida Agencia. En texto PSOE el protagonismo AGPD era claro y en PP 2011 también tenía un papel (un poco extraño, pero papel). Me falta estudiar más este aspecto. Desde 2003 sostengo que dejar esto a Autoridades de protección de datos no era positivo por la inercia de las mismas, naturalmente contraria al acceso a la información. Pero también es cierto que me falta criterio más serio para ello y toda institución puede cambiar de rol. En todo caso, cabe pensar que en Madrid, País Vasco y Cataluña, se atribuirán funciones a las Autoridades de protección de datos, con lo que el modelo -si lo hay- no cuadra mucho.

-Administraciones autonómicas y locales. La disposición ad. 3ª deja en manos entes locales y autonómicos   que atribuyan la resolución de reclamaciones a "órganos independientes", si quieren, si no, la Agencia Estatal. Eso puede ser un ombudsmen, una autoridad de protección de datos o una agencia de transparencia que no se creará exnovo en tiempos de crisis. Recuerdo que cinco años después  no se ha creado el defensor de la administración electrónica de la Ley 11/2007, por cierto. Creo que ahí hace falta un modelo y la ley lo debe implantar.

-En cualquier caso, no debe excluirse un órgano estatal que haga de observatorio de todos estos órganos locales y autonómicos y de la actuación de la agencia estatal para ver si se canaliza y genera un acervo en Derecho de la transparencia y esto no sea como el ejército de Pancho Villa.

-Hay muchos aspectos más para seguir comentando con mayor estudio. Pero mejor esperar a la ley. Y que ésta mejor.

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