Luces y sombras de la neutralidad en la red (1) La FCC y la Internet de dos velocidades

Autora: Loreto Corredoira 

Iniciamos una serie de artículos sobre las distintas soluciones legales y políticas que se están aprobando en estos meses en EE.UU, Europa o América Latina.

La FCC planifica una Internet de dos velocidades

Ahora que estamos en una nueva etapa de Internet, con contenidos que amplían la diversidad y posibilidades de expansión del cine, la música o la prensa, la negra sombra de la “neutralidad en la red” podría acabar con ello. No soy muy dada a ver manos negras detrás de los temas, pero aquí es claro, que junto al lobby de la industria destacado por el New York Times, sí se ponen en peligro los negocios clásicos del entretenimiento, especialmente el cable.  No en vano HBO o Comcast están moviendo ficha, iniciando fusiones o acuerdos para que no les devore la Internet del entretenimiento.

Lo que se dirime en estas semanas en EEUU no es tanto la idílica visión libertaria de una Internet sin control gubernamental, a la que todos nos apuntamos, también los grandes ISP  o proveedores, sino la creación de una Internet de dos velocidades; es decir carriles de alta velocidad que requerirán un peaje.

Como ya trató en este blog Rodrigo Cetinao como ha escrito e,n estos días Enrique Dans, la Federal Communications Commission (FCC),que es el organismo regulador de las comunicaciones en EE.UU. podría autorizar, con claras sospechas de beneficiar a las operadoras de móviles y de cable, que estas puedan  cobrar un precio extra por el ancho de banda, es decir por una Internet con velocidad suficiente para navegar, ver cine y tv, escuchar la radio, trabajar en red, mantener videoconferencias, etc, etc.

Resulta que la FCC que dice actuar así para defender las condiciones de  “competencia” del mercado, tiene pendiente otro expediente que le quema en las manos. Sintetizando debe decidir cómo evita que las compañías de móviles bloqueen Skype o programas similares. Esto viene impuesto por un procedimiento judicial de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, y que impone a la FCC esa obligación.

Se trataría de definir los servicios de banda ancha, ya sean de móviles como Verizon o de cable como Comcast, como “servicios de telecomunicaciones”  puros y duros pues eso son, y con eso la propia FCC podría exigirles esas prácticas de competencia desleal. El Presidente de la FCC sabe que esa es la solución pero no le gustaría aplicarla, como denuncia el New york Times en su editorial del pasado viernes 25.

¿Quién gana y quién pierde?

Obviamente perderíamos los usuarios, los de siempre, porque cualquier coste extra se repercutirá pronto o tarde en el precio del servicio, ya sea cine, prensa, música o formación online.   También empresas cuyo negocio es el tráfico de contenidos donde destaca YouTube, Netflix o Amazon y que están tratando de oponerse; pero además, por supuesto sufrirían pequeños negocios o “start up” que tanta falta nos hacen en la actual economía, que no podrían asumir costes extra de servicio a sus clientes, cuando precisamente el core o centro del negocio está en ese tráfico.

Ahora que compañías como Verizon, T-Mobile o AT&T (en España Movistar o Vodafone)  han acostumbrado a los ciudadanos a teléfonos inteligentes (más claros ¡cómo no!) resulta que para poder seguir usándolos habrá que pagar más; o bien usar o consumir sus propios productos o aplicaciones.  

Si estos cinco miembros de la FCC votan a favor la propuesta, esta pasa a sesión pública y podría aprobarse a finales de este año 2014.

La neutralidad que queremos no es otra que la que permite el uso de Internet sin discriminaciones apriorísticas; una neutralidad que favorece la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades, y normas como esta sería un claro retroceso en la historia de la red.

Abierto el plazo de opiniones, quejas, interpelaciones

Estos son los párrafos clave de la propuesta presentada el miércoles por la FCC.

The FCC's statement is in full below:

The NPRM [notice of proposed rule making] will propose, consistent with the Court’s analysis, that broadband providers would be required to offer a baseline level of service to their subscribers, along with the ability to enter into individual negotiations with content providers. In all instances, broadband providers would need to act in a commercially reasonable manner subject to review on a case-by-case basis. Exactly what the baseline level of service would be, the construction of a 'commercially reasonable' standard, and the manner in which disputes would be resolved, are all among the topics on which the FCC will be seeking comment.

Here's Wheeler's statement in full:

There are reports that the FCC is gutting the Open Internet rule. They are flat out wrong. Tomorrow we will circulate to the Commission a new Open Internet proposal that will restore the concepts of net neutrality consistent with the court's ruling in January. There is no ‘turnaround in policy.’ The same rules will apply to all Internet content. As with the original Open Internet rules, and consistent with the court's decision, behavior that harms consumers or competition will not be permitted.

Para enviar comentarios a la FCC escriban a openinternet@fcc.gov

Solicíteles que regulen móviles y cable como "common carriers" es decir servicios de telecomunicaciones.  

Foto y citas via Mashable  

Rechazada por el Tribunal de la U.E. la Directiva de datos por grave injerencia en los derechos personales

Autor: Lorenzo Cotino

Como puede leerse en el blog de mi colega Miguel Presno, El derecho y el revés en una resolución de 8 de abril de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que la Directiva sobre conservación de datos constituye una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal, sin que esta injerencia se limite a lo estrictamente necesario.

La Sentencia puede leerse aquí, de momento, en inglés, francés y alemán.inglés

Como se indica en la nota de prensa (en español aquí) , el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que los datos que han de conservarse permiten saber con qué persona y de qué modo se ha comunicado un abonado o un usuario registrado, determinar el momento de la comunicación y el lugar desde el que ésta se ha producido y conocer la frecuencia de las comunicaciones del abonado o del usuario registrado con determinadas personas durante un período concreto. Estos datos, considerados en su conjunto, pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se conservan, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o temporales, los desplazamientos diarios u otros, las actividades realizadas , las relaciones sociales y los medios sociales frecuentados.

El Tribunal de Justicia considera que, al imponer la conservación de estos datos y al permitir el acceso a las autoridades nacionales competentes, la Directiva se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal. Además, el hecho de que la conservación y la utilización posterior de los datos se efectúen sin que el abonado o el usuario registrado sea informado de ello puede generar en las personas afectadas el sentimiento de que su vida privada es objeto de una vigilancia constante.

El Tribunal de Justicia examina, a continuación, si esta injerencia en los derechos fundamentales está justificada.
Afirma que la conservación de datos que impone la Directiva no puede vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal. En efecto, la Directiva no permite conocer el contenido de las comunicaciones electrónicas como tal y establece que los proveedores de servicios o de redes deben respetar ciertos principios de protección y de seguridad de los datos.
Además, la conservación de los datos para su posible transmisión a las autoridades nacionales competentes responde efectivamente a un objetivo de interés general, a saber, la lucha contra la delincuencia grave y, en definitiva, la seguridad pública.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia estima que, al adoptar la Directiva sobre la conservación de datos, el legislador de la Unión sobrepasó los límites que exige el respeto del principio de proporcionalidad.

A este respecto, el Tribunal de Justicia indica que, debido, por una parte, al importante papel que desempeña la protección de los datos de carácter personal en lo que respecta al derecho fundamental al respeto de la vida privada y, por otra parte, a la magnitud y gravedad de la injerencia en este derecho que supone la Directiva, la facultad de apreciación de legislador de la Unión resulta reducida, por lo que el control de dicha facultad debe ser estricto.

Si bien la conservación de datos que impone la Directiva puede considerarse adecuada para conseguir el objetivo que ésta persigue, la injerencia amplia y especialmente grave de la Directiva en los derechos fundamentales de que se trata no está suficientemente regulada para garantizar que dicha injerencia se límite efectivamente a lo estrictamente necesario.

Cinco razones por las que el Tribunal considera que la conservación de datos es excesiva 

En efecto, en primer lugar, la Directiva abarca de manera generalizada a todas las personas, medios de comunicación electrónica y datos relativos al tráfico sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves.

En segundo lugar, la Directiva no fija ningún criterio objetivo que permita garantizar que las autoridades nacionales competentes únicamente tendrán acceso a los datos y podrán utilizarlos para prevenir, detectar o reprimir penalmente delitos que, por la magnitud y la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión, puedan considerarse suficientemente graves para justificar tal injerencia. Por el contrario, la Directiva se limita a remitir de manera general a los «delitos graves» definidos por cada Estado miembro en su ordenamiento jurídico interno. Además, la Directiva no define las condiciones materiales y procesales en las que las autoridades nacionales competentes pueden tener acceso a los datos y utilizarlos posteriormente. En particular, el acceso a los datos no se supedita al control previo de un órgano jurisdiccional o de un organismo administrativo autónomo.

En tercer lugar, en lo que atañe al período de conservación de los datos, la Directiva prescribe un período mínimo de seis meses sin establecer ninguna distinción entre las categorías de datos en función de las personas afectadas o de la posible utilidad de los datos con respecto al objetivo perseguido. Además, este período oscila entre seis meses como mínimo y veinticuatro meses como máximo, sin que la Directiva precise los criterios objetivos con arreglo a los que debe determinarse el período de conservación para garantizar que se limite a lo estrictamente necesario.

El Tribunal de Justicia considera asimismo que la Directiva no contiene garantías suficientes que permitan asegurar una protección eficaz de los datos contra los riesgos de abuso y contra cualquier acceso y utilización ilícitos de los datos. En particular, señala que la Directiva autoriza a los proveedores de servicios a tener en cuenta consideraciones económicas al determinar el nivel de seguridad que aplican (especialmente en lo que respecta a los costes de aplicación de las medidas de seguridad) y que no garantiza la destrucción definitiva de los datos al término de su período de conservación.

Por último, en quinto lugar, el Tribunal de Justicia censura que la Directiva no obliga a que los datos se conserven en el territorio de la Unión. Por lo tanto, la Directiva no garantiza plenamente el control del cumplimiento de los requisitos de protección y de seguridad por una autoridad independiente, como se exige expresamente en la Carta. Dicho control, efectuado sobre la base del Derecho de la Unión, constituye un elemento esencial del respeto a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.