Autora: Loreto Corredoira
Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 2010 contra de la Ley española y francesa de financiación de la RTVE y France Télévisions
Después de las alegaciones remitidas en plazo por el Gobierno español a la Comisión, y finalmente el pasado 1 de octubre la Comisión ha urgido esta semana al Gobierno a eliminar el gravamen del 0’9% impuesto a las operadoras de telecomunicaciones para cubrir esa financiación de RTVE. El Gobierno español tiene dos meses para ejecutar la Decisión de la Comisión y, en caso de no hacerlo, será denunciado por la Comisión ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo.
Concretamente dice la Nota de Prensa de la Comisión: “La Comisión Europea ha decidido hoy exigir a Francia y España que supriman las tasas específicas sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones impuestas cuando los Estados miembros interesados decidieron poner fin a la publicidad de pago en los canales de televisión públicos. En ambos casos, la Comisión considera que estos «impuestos sobre las telecomunicaciones» son incompatibles con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que disponen que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones estén relacionadas específica y directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones. Los requerimientos se hacen en forma de «dictámenes motivados» con arreglo a los procedimientos de la UE en caso de infracción. Francia y España disponen ahora de dos meses para notificar a la Comisión las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas de la UE sobre las telecomunicaciones. De no hacerlo, la Comisión puede llevar a estos países ante el Tribunal de Justicia de la UE”.
La Ley de financiación del ente público español de radiodifusión RTVE entró en vigor en septiembre de 2009 e impuso una tasa del 0,9 % sobre los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago sufrida por dicho ente público español. Un número limitado de operadores quedó eximido de pagar esta tasa, que se basa en la cobertura geográfica y el tipo de servicios de telecomunicaciones prestados. Se estima que esta tasa genere unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.
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