No perdamos más oportunidades para un Consejo de lo Audiovisual

Como autora de un estudio comparado de las autoridades audiovisuales internacionales con más prestigio, considero básico que se constituya un Consejo Audiovisual estatal, complementario con los que ya existen en la CCAA, pero que de lugar a discusiones públicas sobre cambios de licencia, modificaciones de ley, etc.

Y precisamente en estas semanas en que se debate en las Cortes la modificación o no, por ley, de la participación accionarial en emisoras de radio; o se prepara un nuevo número de licencias analógicas, a la espera de la TDT final, recuerdo lo útil que seria no perder más ocasiones.


Las Audiencias Públicas, una garantía para la transparencia

Después de haber asistido en Montreal, o más cerca en Bruselas auspiciada por la Comisión Europea, a la Audiencias públicas para el debate de cuestiones informativas relacionadas con los medios, sus contenidos o los derechos del público, en el informe se afirma que “resulta más envidiable para España” promover la existencia de una Comisión o Comité de lo Audiovisual.

Las Audiencias Públicas de la CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications Commision), son el paso previo exigido en Canadá a la concesión de una licencia o a la aprobación de un cambio de control en un medio, o bien son un procedimiento para que los interesados pregunten o soliciten cosas a los Comisarios del audiovisual canadiense.

Hay que seguir solicitando un organismo independiente que rija estos asuntos a nivel estatal, por delegación y aprobación de una Ley parlamentaria, con la anuencia de todos los implicados. También de las Asociaciones profesionales, empresariales, de anunciantes, etc.

La radiodifusión es un bien de interés público por lo que no es razonable que el traspaso del control de una emisora no esté supervisado por organismo alguno. Ni la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones -por las potestades hasta ahora otorgadas- ni, menos aún, la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, dependientes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria bastan.

Ejemplos en el exteriorMiremos hacia aquellos países cuyos sistemas de radiodifusión tienen solera y trabajan bajo el principio de la transparencia. Canadá y Australia deben ser imitados, en lo que pueda ser ejemplar, no sólo para una mejora sino también para la serenidad de nuestros medios. Nos conviene a todos.

Las Audiencias Públicas son el procedimiento previsto en Canadá para que toda decisión de la Comisión sea sometida a la sociedad de modo que aquellos que –como los competidores, trabajadores, prestatarios, anunciantes, etc- tengan algo que decir lo digan, por escrito y en sesión pública. Sólo después de este paso la CRTC decide. En el informe (que se publicará en breve) se describe cómo se realiza una audiencia con detalle.

En este contexto, también este Consejo hubiera sido en Canadá o Australia, quién elaborase la nueva modificación de las leyes de TDT, de reforma de la Televisión sin Fronteras, o del contenido del Código de Autorregulación de contenidos en defensa de los menores, pero sin sorpresas, sin decisiones precipitadas, caras y dolorosas a la larga. Y, de nuevo, oyendo a todos los interesados.

Imagínense ustedes hace unos años una Audiencia Pública en Barcelona o Madrid, acerca de una fusión de radio, o de televisión. O, diversas sesiones públicas sobre cualesquiera de las compraventas que hemos visto en estos últimos años, alguna de ellas teñidas de gris, como las sucesivas de Antena 3, o las que por su carácter de propiedad cruzada, impiden saber quién dirige una empresa y su medio, recuerden la participación de Fininvest en Tele 5.

Por no decir cuán bueno sería para los periodistas que sus Federaciones o Sindicatos preguntaran ante una Comisión como la canadiense qué mecanismo asegurará su independencia después de una fusión, o, si llegáramos a ese nivel, consiguieran de su empresa que, en el plazo de 60 días, como he presenciado en Montreal, se formase un Comité de Vigilancia. Figura que desempeñaría un papel crucial para el plan de reforma de TVE que se avecina.

Estas cláusulas, para mayor garantía de su cumplimiento, pasarían a ser condición de la licencia, con lo que no sería “papel mojado” y correspondería a nuestra CRTC comprobar su efectivo funcionamiento.

Al menos que todo esto se supiera ya sería mucho. Y todavía más que empresarios, profesionales, grupos culturales y garantes públicos tengan ocasión de discutir qué televisión o radio quieren y qué cabe exigirle a una empresa si ésta va a explotar un bien de interés público.